El tema fue expuesto a la Presidencia de la República debido a que existe un valor artístico en los vestigios de lo que fue un conjunto habitacional de estilo porfirista, aunque al paso de las décadas su ocupación por precaristas lo deterioró paulatinamente, perdiendose características que definen unidad arquitectónica de varias construcciones en calles de las colonias adyacentes Roma y Juárez
La Presidencia de la República turnó el caso al Consejo para la Cultura y las Artes y este al INBA el cual respondió que estaban revisando un proyecto que les había presentado el poseedor del predio, sin aclarar quien es este, pues en el Registro Público de la Propiedad está "extraviado" el expediente.
El predio ubicado en Avenida Chapultepec 168_182, entre las calles de Flora y Mérida, tiene una dimensión total de 2 mil metros cuadrados. La propietaria original pagó en especie siete años se servicios al licenciado Florencio Ortega Bujanda por las indemnizaciones y juicios que este sufragó para negociar con los vecinos que ocupaban el inmueble por la vía legal.
Sin embargo en 2011, un operativo ilegal a las cuatro de la mañana cerró la Avendia Chapultepec y con uso de la fuerza y de policías comprados intentó desalojar por la fuerza a los vecinos. Estos defendieron; arriegando la vida; su propiedad y lograron resistir la andanada avisandole al abogado Florencio Ortega Bujanda de estos hechos que no correspondian a la ética legal.
Días después un abogado de apellido Villicaña quien dejó una tarjeta sin dirección se comunicó con el copropietario del inmueble, dijo defender los intereses de Enrique Peña Nieto; que había adquirido el terreno a nombre de un arquitecto de apellidos Baz Baz Masri, familiar del exprocurador del Estado de México y que no había nada que hacer pues este era demasiado poderoso y la ley no les importaba.
Meses después la gente de Baz Baz Masri, volvió, pero esta vez con fajos de 50 mil pesos para convencer a los inquilinos que desalojaran. Luego sacaron automóviles, mobiliario y otros objetos, algunos propiedad de la familia Ancira Saba que contaba con un contrato de arrendamiento derivado de la promesa de compraventa para destinar parte del terreno, al menos mil metros cuadrados a un proyecto habitacional para periodistas de la fuente de cultura; a un museo de inmigrantes o una universidad de la comunicación y la paz. En todos los casos había la intención de que el predio fuera administrado por un fideicomiso integrado por periodistas en activo y se habían realizado gestiones con varios colegas para ello.
En el despojo habría colaborado al menos un funcionario de la Administración de Felipe Calderón, quien trabaja o trabajaba en el área jurídica de Pronósticos Deportivos. Se pidió una cita en esa dependencia para aclarar el punto, pero los abogados no pudieron pasar de la puerta y contraviniendo el derecho de audiencia, el director nunca recibió a los afectados.
Existe evidencia de que la gente ligada a Baz Baz, espera el vacío de autoridad que se producirá entre el 2 de julio y el primero de diciembre, para demoler el predio y ocuparlo, sin haber pagado siquiera los impuestos por la operación de compra-venta y destruir este patrimonio cultural de la Ciudad de México
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